La previsión social, y los sistemas de protección social en general, tienen como base económica primaria la capacidad productiva de la sociedad para generar un excedente de riqueza material que, a través del Estado, pueda ser destinado a asegurar las condiciones generales que permitan ampliar, bajo relaciones económicas determinadas, esa capacidad productiva. Previsión y protección social son, al mismo tiempo, fruto social y político del grado de madurez y desarrollo de la sociedad civil, en particular de sus clases trabajadoras, con su consecuente capacidad para influir y presionar sobre el Estado, a fin de que éste establezca políticas e instituciones que aseguren las condiciones generales de la reproducción de la fuerza de trabajo. El Estado, por su parte, en cuanto espacio político donde se dilucidan los conflictos sociales, incorpora a sus funciones la de preservar y ampliar los niveles de bienestar para la población trabajadora. De este modo, apuntala su legitimidad y base consensual dentro de la sociedad. Es en este marco económico, social y político donde se inscribe la evolución de la previsión social.